Datos. Ya avisé…

viernes, 27 de julio de 2007

Como dije hace un tiempo, pendiente quedaban de salir datos. Y espero que se quede aquí, que no me alegro de lo que hasta ahora ha salido. Se ha dado a conocer cómo se pagaron ciertas paellas y zumos de tomate. 6.955 euros por unas paellas, 1.500 euros por una degustación de sopas de tomate, 3.000 euros por caramelos con el logotipo de la GMU, dos facturas de 55.000 euros cada una por una pista de patinaje sobre hielo y, lo más escandaloso, 8.120 euros en concepto de promoción de la GMU en Radio Hornachos. Y bien es verdad que se conocía que la GMU estaba detrás de esos eventos, ya que su sello aparecía en todos los pasquines informativos, pero dudo mucho que se conociese el precio de los mismos y el hecho de que se hubiese dilapidado patrimonio municipal como se ha hecho para cubrir los gastos. No critico que no se emplease ese dinero o el suelo público a fines sociales o vivienda protegida, no espero algo así de un gobierno de derechas que tiene el programa electoral que tiene, pero esos fondos no hubieran venido nada mal para cumplir su propio programa y mejorar la vida de los vecinos (o por lo menos, la de sus amiguetes y allegados). Luego tenemos el blindaje del gestor de transporte público, que a un mes de las elecciones se sube el sueldo un 50% y se impuso una cláusula de despido de 45 meses, lo que supondría una indemnización de 280.000 €, algo que es ilegal, cuando a cualquier trabajador le corresponden 45 días por año trabajado. Esto es lo que va saliendo, de momento. Ahora hay que ver cuánto ha costado realmente la ciudad deportiva y ver la legalidad de la adjudicación de la misma y los pagos, cómo se han hecho y cuánto nos va costar en realidad a los vecinos. Que aquí también podemos entretenernos un rato, a ver, la Ciudad Deportiva:
–No consta la inscripción del título previo, no consta la titularidad del Ayuntamiento sobre los terrenos (y si no tiene título, no puede transmitir).
–El alcalde no está no estaba facultado para celebrar este negocio, ya que estaba en funciones cuando lo hizo, y sólo podía realizar actos de administración ordinaria.
–El vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) es manifiestamente incompetente en esta materia. El órgano competente es la Junta de Gobierno.
–Declara la nulidad de Pleno Derecho porque el alcalde no tiene facultades de enajenación, que corresponden a la Junta de Gobierno. Nulidad de Pleno Derecho significa que el acto no es subsanable, siendo radicalmente nulo.
–Declara también la nulidad por no destinarse los bienes enajenados a los fines que marca la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LESOTEx).
–No están cuantificadas las unidades de aprovechamiento urbanístico. Se omite el informe o estudio de viabilidad por parte de la GMU y se aprueba que sea el adjudicatario del proyecto –la empresa SIDECU– el que elabore el plan de viabilidad, decidiendo unilateralmente los riesgos económicos del proyecto, sin la supervisión de ningún departamento del Ayuntamiento de Mérida, que es quien va a sufragar sus costes.
–No se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, cosa que se debería haber realizado al superar el precio del contrato estimado el límite porcentual que marca el Presupuesto Municipal.
–Se produce una transmisión patrimonial de bienes del PMS, una permuta encubierta, en contradicción con la normativa urbanística y patrimonial, ya que el artículo 92 de la LESOTEx dice que “los bienes integrantes del PMS deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de precio tasado o a usos declarados de interés público o cualquier otro uso permitido por el planeamiento y que así se declare motivadamente por la administración”.
–Esta operación debería haber sido comunicada a la Dirección General de Administración Local, cosa que tampoco se hizo.
–Los bienes ofrecidos como pago por el Ayuntamiento son unos excesos de aprovechamientos que tienen como finalidad única la de compensar a los propietarios de los terrenos que carecen de la posibilidad de edificar en los mismos por haber sido destinados a sistemas generales en el PGOU. Estas compensaciones se deben articular a través de los registros de transferencias de aprovechamientos. Y en Mérida no existen. O sea, que los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento como pago tienen otros destinatarios, por lo que no están disponibles.

¿Dónde está la transparencia a la que alguno aludía aquí?

Las ideas son discutibles, las personas, dignas de respeto, pero los hechos son los hechos y éstos dicen poco de estos personajes salientes que han gestionado bienes públicos como el propio cortijo. Algunos han abandonado y han salido de la escena política, quizá viendo lo que se avecinaba. Es lo que hay, y ahora, para variar, que alguien me diga lo malo que es ZP, que España se rompe, que viene la ETA o que la Educación para la Ciudadanía es el coco pelao que va a comerme. Datos, sí, y oposición seria. Y opinión argumentada con algo más que la bufanda y la bocina, que esto no es fútbol, hombre.

Cuando se presentan datos sin maquillaje y en su contexto, son más tercos que la opinión y a la larga, más eficaces. De la elegancia de los mismos no opino, cada cual tiene sus gustos.
Abrazos